Acoso inmobiliario

Cuando el enemigo vive arriba

Piden ocho años de cárcel por alquilar un piso de 400 metros a una familia conflictiva en un palacete

JUNE FERNÁNDEZ El País, 31/10/2008

Un joven matrimonio y su hijo compran la casa de sus sueños: un dúplex, parte de un palacete histórico, ubicado en un barrio de lujo, junto al mar. No pasa ni un mes cuando empiezan a sufrir todo tipo de incidentes: inundaciones, robos, destrozos... Pronto descubren que la causante no es la mala suerte, sino la conflictiva y numerosa familia que habita el piso superior. Les sabotean por mandato de su arrendador, que les cobra sólo un euro al mes de alquiler con el propósito de lograr echar a los vecinos y hacerse con el palacete al completo.

El denunciado alega que en vez de donar la vivienda a su hija la cedió a una familia por la pena de ver a sus niños en la calle

Esta historia podría pasar perfectamente por la sinopsis de una película, al estilo de De repente, un extraño, en la que Michael Keaton interpretaba a un perverso compañero de piso que arruina la vida de una joven pareja. Una vez más, la realidad supera a la ficción. Se trata del primer caso de acoso inmobiliario que llega a los juzgados en el País Vasco, y probablemente el más siniestro denunciado en España. Cinco años después de los hechos denunciados se celebra la última vista oral del juicio, antes de que se dicte sentencia.

La fiscalía y la acusación particular piden ocho años para los cuatro imputados -el arrendador y tres miembros de la problemática familia- por un delito contra la integridad moral, y varios por destrozos, robo, amenazas y allanamiento de morada.

El calvario que describe la pareja denunciante empezó a gestarse en el año 2000. El escenario fue la conocida como Casa Tangora, un majestuoso palacete de cinco plantas, dividido en tres viviendas (un piso entre dos dúplex) y situado en Neguri (Getxo, Vizcaya), el histórico barrio de la alta burguesía bilbaína. La familia denunciante vivía de renta en el dúplex inferior, cuando el acusado, Juan José R., un conocido empresario hostelero, compró el piso intermedio. Según los denunciantes, aspiraba a hacerse con todo el inmueble para hacer negocio, no se sabe si para montar un hotel-restaurante o por interés especulativo. Fue en 2003 cuando la familia ejerció su derecho a comprar la vivienda, frustrando por tanto las aspiraciones del hostelero, quien a su vez les propuso sin éxito una oferta de compra. El piso de arriba se encuentra vacío, ya que su propietaria reside en Madrid.

Instrucciones concretas

Al fracasar en su intento, siempre según la versión del abogado de la familia denunciante, urdió un plan para echar a los molestos propietarios de la planta baja. Alquiló su vivienda, de cerca de 400metros cuadrados, por un euro al mes a una familia gitana que cumplía a la perfección con el estigma que arrastra su etnia: un clan que vivía en una caravana después de haber sido expulsado de la localidad vizcaína de Sestao por su conducta conflictiva. "Les dejó el palacete con instrucciones de comportarse de la manera más cafre e incordiante posible", cuenta el abogado de la familia denunciante, Ignacio Imaz.

La familia asegura que intentó dialogar con el empresario, que reconoció su plan sin tapujos: "Les advirtió de que daría igual si lograban desahuciar a sus arrendatarios, porque en ese caso metería a otros gitanos". Después de 14 meses de boicoteos, consiguieron que un juzgado de Getxo ordenara el desalojo del clan gitano. El caso ha llegado hasta un Juzgado de lo Penal de Bilbao.

Durante el proceso, Juan José ha negado todas las acusaciones y ha ofrecido su versión: la vivienda la compró con la intención de regalársela a su hija, pero se la cedió a la familia sin techo por caridad. "Me daba pena ver a los niños en la calle", alegó ante el juez. Imaz considera contradictorio meter a gente problemática en un piso para una hija, y señala que Juan José reconoció que no ayudó a la familia ni antes ni después de alojarla en el palacete. Además, recalca que el piso lo puso a nombre de una sociedad que creó para la compra, venta y promoción de pisos. El hostelero atribuyó los incidentes a gamberradas infantiles. Negó su intención de hacer negocio adquiriendo todo el inmueble. Dijo que "quien se dedica a reparar viviendas viejas y venderlas es la parte denunciante. Hay mucho trasfondo y mucha mentira sobre esa vivienda", sentenció. El letrado niega tal acusación: "Mis clientes quieren arreglar la casa y volver a vivir en ella". Ninguno de los implicados ha accedido a hablar fuera del juicio.

Auténtico "martirio"

La familia denunciante relató durante los juicios lo que calificó como un auténtico "martirio". Sentían "un miedo constante por el hostigamiento" de la familia vecina. La madre de la familia denunciante describió juergas de madrugada, inundaciones con "ríos de agua", destrozos a su coche impregnándolo de excrementos... Y pormenorizó algunos de los insólitos desechos que lanzaban por la ventana a su jardín: comida, jeringuillas, pañales sucios, colchones e incluso electrodomésticos. "Cuando yo trataba de limpiarlo, se reían y tiraban más basura", recordó muy afectada. Una de las mujeres de la familia vecina le llegó a advertir de que entraría en su propiedad "por las buenas o por las malas". En la vista de hoy, los peritos resolverán si las tuberías fueron dañadas deliberadamente, lo que permitirá probar definitivamente si ha habido acoso.

Los constantes sabotajes expusieron a la familia a una situación cercana a la psicosis: "Salían del trabajo cada día, a media mañana, para ver si había pasado algo. No podían ir de vacaciones, porque si los vecinos veían que se iban, entraban a liársela parda. Les caía agua en plena noche, mientras dormían. Sentían un miedo constante sobre todo por el hijo. Han estado en tratamiento médico y psicológico", lamenta el abogado. Se negaron a abandonar la vivienda, a fin de evitar destrozos mayores en su ausencia. "Es una casa especial, de gran valor artístico y cultural. Tenían que resistir en plan numantino, porque si se iban, los vecinos la dañarían del todo", explica.